La sociedad civil reclama un mayor compromiso a los Ayuntamientos en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas

    07/11/2018.

    Hoy, 7 de noviembre, en el marco del lII Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz organizado en la ciudad de Madrid, las organizaciones sociales, sindicales y políticas que integramos los espacios colaborativos y de confluencia Refugio por Derecho Madrid y Queremos Acoger Ya, de los que forma parte activa CCOO de Madrid, desde nuestro trabajo en el ámbito del refugio y/o la solidaridad y apoyo a personas migrantes, queremos constatar:

    La terrible situación de las personas refugiadas en Europa, la continuada violación de los convenios internacionales, la crisis humanitaria y del derecho internacional, el quebrantamiento de la legalidad y los compromisos adquiridos por las instituciones europeas y españolas y el incumplimiento de los propios “principios ”teóricos de la UE. La Unión Europea vulnera el derecho de asilo e incumple de forma sistemática, al menos, cinco convenciones de derechos humanos como la Declaración Universal y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pasando por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados (1951) o la propia Convención Europea de Derechos Humanos, en vigor desde 1953.

    La insostenible situación de nuestra frontera Sur caracterizada por: una persistente vulneración de los tratados internacionales de acogida al migrante y asilo, la práctica ilegal de devoluciones “en caliente”, la carencia de recursos materiales y legales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y una acogida efectiva, o el hacinamiento de las personas migrantes en centros de atención sin unas mínimas condiciones dignas...

    Ante esta grave situación, ponemos de manifiesto:

    La importancia del papel de la municipalidad en el compromiso real con las personas refugiadas y migrantes y la labor que pueden ejercer en la presión política a otras entidades de los gobiernos estatales y/o regionales. Aunque las decisiones relacionadas con la acogida de personas refugiadas (y las políticas migratorias) corresponden a los gobiernos de los distintos países, son los Ayuntamientos los que reciben a las personas en su municipio, por lo que les corresponde la asunción de decisiones políticas y prácticas que faciliten su acogida. Los municipios, en definitiva, son el germen en la creación de un nuevo entorno con y para las personas refugiadas y migrantes.

    Ante la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de las personas refugiadas, los ayuntamientos pueden poner en marcha medidas, desde su ámbito competencial, para facilitar la reubicación y reasentamiento de las personas solicitantes de protección internacional para su integración social y laboral efectiva.

    Las personas migrantes y refugiadas son un sujeto estratégico en la garantía de sociedades más cohesionadas y comprometidas. Para ello, demandamos de las corporaciones locales un compromiso firme y planes de actuación a medio plazo que tomen como punto de partida cuatro ejes de análisis y actuación: contextualización de su realidad, sensibilización y formación, retos del municipio para una convivencia efectiva (vivienda, empleo, servicios sociales) y participación. Así, se pueden identificar toda una tipología de servicios municipales de atención a las personas refugiadas y/o migrantes: a) servicios dirigidos directamente a los recién llegados y que responden a necesidades de orientación o de primera acogida, b) programas y acciones orientadas a facilitar la inserción social del inmigrante que suelen abordar la mediación intercultural, el acceso al mercado laboral, actuaciones sobre vivienda, actividades de dinamización o cursos de enseñanza de las lenguas oficiales, c) actuaciones de formación y capacitación de los profesionales que trabajan en la administración local.

    Por último, hacemos un llamamiento a la imprescindible configuración de nuevas y más amplias alianzas entre las administraciones locales y la sociedad civil organizada ante ese objetivo común: la defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Solo así, y con una movilización ciudadana consciente, será posible una acogida e integración efectiva que ponga freno a las dificultades de convivencia y al progresivo repunte de actitudes y discursos políticos xenófobos.

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